Normativa wholesale 2026: lo que una marca debe saber en Europa, Estados Unidos y Asia

Pongamos una marca de punto de doce personas. Sirve a una tienda multimarca en Lyon, a unos grandes almacenes en Nueva York y a un importador en Tokio. Nunca vende un jersey a un particular y, aun así, el derecho de consumo la alcanza: sus productos acaban en tienda, y es la tienda la que le pedirá la ficha de seguridad, la etiqueta conforme o la prueba del origen del algodón.

Este panorama reúne los textos europeos, estadounidenses y asiáticos (Japón, Corea del Sur, China) que cuentan en 2026 para una marca de moda y complementos, con un enlace a cada texto oficial. No constituye asesoramiento jurídico: para una decisión concreta, consulte a un abogado del país correspondiente.

Última comprobación: octubre de 2026. Las fechas citadas son las de los textos publicados; una propuesta no es una norma mientras no se adopte. Para los términos del oficio empleados aquí, el glosario del wholesale ofrece las definiciones.

Unión Europea: las reglas de la distribución y del producto

¿Puede una marca imponer un precio de reventa en Europa?

Los acuerdos entre una marca y sus revendedores se rigen por el Reglamento (UE) 2022/720 sobre acuerdos verticales, aplicable hasta el 31 de mayo de 2034. El texto los exime mientras cada parte tenga como máximo un 30 % de cuota de mercado, salvo restricción llamada «especialmente grave». Enmarca, por tanto, directamente su política de precio mayorista y precio recomendado.

De ahí se derivan cuatro reglas para la marca y sus puntos de venta:

• Precio impuesto: fijar un precio de reventa mínimo o fijo es una restricción especialmente grave; un precio recomendado o máximo sigue permitido mientras no se imponga mediante presiones o incentivos.
• Venta online: impedir que un revendedor venda por Internet está prohibido, pero excluir los marketplaces de terceros sigue siendo posible en principio (sentencia Coty, TJUE, 6 de diciembre de 2017, C-230/16).
• Distribución selectiva: la marca puede prohibir a sus revendedores autorizados que revendan a revendedores no autorizados.
• En Francia, imponer un precio de reventa mínimo está además sancionado por el artículo L442-5 del Código de Comercio.

En la práctica, el precio de venta al público que figura en su linesheet debe seguir siendo un precio recomendado. El comercial puede indicarlo, pero no hacerlo respetar con la amenaza de cortar el suministro ni con un descuento condicionado.

Plazos de pago: 60 días en principio, y el tope de 30 días no existe

La Directiva 2011/7/UE limita en principio los plazos de pago entre empresas a 60 días, salvo pacto expreso que no sea abusivo. En caso de retraso, prevé intereses al menos iguales al tipo del BCE más 8 puntos, además de una indemnización a tanto alzado de al menos 40 €.

En Francia, el artículo L441-10 del Código de Comercio fija el plazo en 60 días desde la fecha de la factura, o en 45 días fin de mes si se pacta expresamente. Una factura de fin de campaña emitida el 15 de marzo vence así, como muy tarde, el 14 de mayo con la regla de los 60 días.

La propuesta de reglamento presentada en 2023, que habría impuesto un tope de 30 días, quedó bloqueada en el Consejo: no está en vigor. Para organizar anticipos, vencimientos y recordatorios en este marco, consulte nuestra guía sobre el anticipo y los plazos de pago en wholesale.

Agentes comerciales: una indemnización por fin de contrato a la que no se renuncia

La Directiva 86/653/CEE protege al agente comercial independiente, el representante que toma pedidos en nombre de la marca. Cobra una comisión por las operaciones que aporta, disfruta de un preaviso de uno a tres meses según la antigüedad del contrato y recibe una indemnización o reparación al terminar el contrato (artículo 17), a la que no puede renunciar por adelantado.

Estas reglas se aplican a un agente que ejerce en la UE aunque el contrato se someta a la ley de un tercer país (sentencia Ingmar, 9 de noviembre de 2000, C-381/98). Una marca que confía Alemania a un agente multimarca no puede, por tanto, eludir esta protección sometiendo el contrato a la ley de un tercer país. El detalle figura en nuestra guía del agente comercial en wholesale.

GPSR: el expediente de seguridad que le exigirán sus tiendas clientes

El Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos (GPSR) se aplica desde el 13 de diciembre de 2024 a los productos de consumo, prendas y complementos incluidos. También afecta al fabricante que solo vende a profesionales. El reglamento exige:

• un análisis de riesgos y una documentación técnica;
• un número de tipo o de lote en el producto;
• el nombre y las direcciones postal y electrónica del fabricante;
• un operador responsable establecido en la UE para los productos fabricados fuera de la Unión;
• la notificación de los accidentes graves a través del portal Safety Business Gateway.

Son exactamente los elementos que sus tiendas clientes le pedirán antes de incorporar una colección.

Etiquetado textil y sustancias químicas: composición, idioma, REACH

El Reglamento (UE) n.º 1007/2011 obliga a indicar la composición en fibras con las denominaciones oficiales y los porcentajes en peso. La etiqueta debe redactarse en el idioma del país donde el producto se vende al consumidor y señalar las partes de origen animal. Se estudia una revisión, sin que se haya adoptado un texto nuevo.

El Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 restringe determinadas sustancias en el textil y el cuero, como ciertos colorantes azoicos o el cromo VI. Su artículo 33 obliga además al proveedor de un artículo que contenga más de un 0,1 % en peso de una sustancia extremadamente preocupante a informar de ello a su cliente profesional.

Destrucción de excedentes: lo que el ESPR prohíbe desde el 19 de julio de 2026

El Reglamento (UE) 2024/1781 sobre diseño ecológico (ESPR) prohíbe desde el 19 de julio de 2026 a las grandes empresas destruir sus prendas, complementos de vestir y calzado sin vender. Las medianas empresas quedarán sujetas a partir del 19 de julio de 2030; las microempresas y pequeñas empresas están exentas.

Las excepciones (productos peligrosos, falsificados, imposibles de reparar a un coste razonable…) figuran en el Reglamento Delegado (UE) 2026/296 de la Comisión, de 9 de febrero de 2026. Las empresas afectadas también deben publicar las cantidades de excedentes que descartan.

Un acto delegado fijará requisitos de diseño ecológico propios del textil, con un pasaporte digital de producto. Por ahora, ninguna obligación de pasaporte se aplica todavía a la ropa.

RAP textil: ¿la marca o la tienda, quién paga el sistema?

La Directiva (UE) 2025/1892, en vigor desde el 16 de octubre de 2025, obliga a cada Estado miembro a crear, a más tardar el 17 de abril de 2028, un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para textiles y calzado. En él, el productor financia la recogida, la clasificación y el reciclaje, con contribuciones moduladas según la durabilidad de los productos. Los Estados deben transponer la directiva a más tardar el 17 de junio de 2027.

¿Quién es el «productor»? Depende del circuito. Si la marca entrega ella misma al consumidor, puede serlo ella; si la tienda importa por su cuenta, puede serlo la tienda. Precíselo en sus condiciones de venta, país por país.

Marketplaces, firma y factura electrónicas

El Reglamento «P2B» (UE) 2019/1150 protege desde 2020 a los vendedores presentes en los marketplaces B2B: condiciones claras y preaviso de 30 días antes de una modificación. Su supresión figura en la propuesta «ómnibus digital» de noviembre de 2025, que todavía no es más que una propuesta. Este punto pesa en la elección entre marketplace wholesale y portal de pedidos de marca.

El Reglamento eIDAS (UE) n.º 910/2014, modificado en 2024, prohíbe descartar una firma electrónica como prueba por el solo hecho de ser electrónica. Una firma simple vale si se puede probar quién firmó qué y cuándo. Véase el valor jurídico de la firma electrónica de una nota de pedido.

El paquete del IVA «ViDA» (Directiva (UE) 2025/516) hará obligatoria la factura electrónica para las ventas intracomunitarias entre empresas el 1 de julio de 2030. En Francia, todas las empresas deben poder recibir facturas electrónicas desde el 1 de septiembre de 2026; las pymes y microempresas deberán emitirlas a partir del 1 de septiembre de 2027.

Estados Unidos: precio, etiqueta y aduana

Precio de reventa impuesto: caso por caso desde Leegin, salvo en algunos estados

Desde la sentencia Leegin del Tribunal Supremo (2007), el precio de reventa impuesto ya no es ilegal en sí mismo con arreglo a la Sherman Act: se juzga caso por caso. Una marca también puede anunciar unilateralmente que dejará de servir a los revendedores que vendan por debajo de su precio recomendado (doctrina Colgate), siempre que no negocie ningún acuerdo sobre ese precio. No obstante, algunos estados, como Maryland, siguen prohibiendo el precio impuesto.

Robinson-Patman: las condiciones distintas entre revendedores competidores deben justificarse

La Robinson-Patman Act (1936) prohíbe vender a precios distintos mercancías de la misma calidad a revendedores competidores cuando ello falsea la competencia. Siguen admitiéndose dos justificaciones: una diferencia justificada por los costes o un alineamiento de buena fe con un competidor. Las ayudas promocionales deben ofrecerse a todos en condiciones proporcionalmente iguales.

La FTC ha reactivado esta ley. Su demanda contra PepsiCo, presentada en enero de 2025, se abandonó en mayo de 2025, pero el caso Southern Glazer’s concluyó el 2 de octubre de 2026 con un acuerdo transaccional sometido al tribunal. Los revendedores perjudicados también pueden reclamar judicialmente el triple de su perjuicio. Una escala de descuentos por cliente debe, por tanto, poder explicarse.

Contrato de compraventa: Uniform Commercial Code o Convención de Viena

La compraventa de mercancías se rige por el artículo 2 del Uniform Commercial Code, adoptado por los estados. Tres disposiciones aparecen a menudo: el conflicto entre condiciones generales (§ 2-207), la forma escrita exigida desde 500 dólares (§ 2-201) y la garantía implícita de comerciabilidad (§ 2-314). Entre una marca francesa y un revendedor estadounidense, sin embargo, se aplica en principio la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, salvo exclusión expresa en el contrato.

Etiquetado textil en Estados Unidos: las exigencias de la FTC

La Textile Rule de la FTC exige en la etiqueta las fibras y sus porcentajes, el país de origen y la identidad del fabricante o su número RN. La indicación «importado» debe figurar en los catálogos y en las páginas online. La Care Labeling Rule, que la FTC decidió mantener en julio de 2021, impone una instrucción de cuidado permanente. Por último, la mención «Made in USA» supone un producto fabricado «total o casi totalmente» en Estados Unidos.

Seguridad de los productos: CPSIA y Proposición 65

La CPSIA (2008) se refiere a los productos destinados a niños de 12 años o menos. Exige ensayos por un laboratorio independiente, un certificado de conformidad, una etiqueta de trazabilidad permanente y límites de plomo. Las prendas textiles están sujetas además a la norma de inflamabilidad 16 CFR 1610.

En California, la Proposición 65 obliga a las empresas de 10 o más empleados a advertir antes de cualquier exposición a una sustancia de su lista. Los grandes almacenes suelen trasladar este riesgo a la marca por contrato.

Aduana: UFLPA, fin del «de minimis» y aranceles adicionales

La Uyghur Forced Labor Prevention Act presume desde el 21 de junio de 2022 que todo producto fabricado, aunque sea en parte, en Xinjiang, o por una entidad de la lista UFLPA, procede del trabajo forzoso. La mercancía queda retenida salvo prueba «clara y convincente» de lo contrario, lo que supone rastrear el algodón hasta la fibra.

La franquicia «de minimis» de 800 dólares está suspendida para todos los países desde el 29 de agosto de 2025. La aduana hizo indefinida esta suspensión el 24 de junio de 2026, y su supresión, votada por el Congreso en julio de 2025, surte efecto el 1 de julio de 2027.

Los aranceles adicionales cambian a menudo desde 2025, al ritmo de los sucesivos decretos y de un litigio que llegó hasta el Tribunal Supremo. Feche cualquier tipo que cite y precise en el incoterm quién importa y quién paga. Véase vender en wholesale en la exportación.

Firma electrónica e impuesto sobre las ventas

La ESIGN Act (2000) y la Uniform Electronic Transactions Act, adoptada por la mayoría de los estados, dan a la firma electrónica el valor de una firma manuscrita en las transacciones comerciales. Como en Europa, todo depende de la prueba.

No existe un IVA federal, sino un impuesto sobre las ventas fijado por cada estado. Una venta al por mayor está exenta si el comprador entrega un certificado de reventa («resale certificate») válido, que el vendedor debe conservar. Desde la sentencia Wayfair del Tribunal Supremo (2018), un vendedor puede tener que registrarse en un estado donde no tiene establecimiento en cuanto supera allí un umbral de ventas.

Asia: Japón, Corea del Sur, China

En Asia, una marca europea vende casi siempre a un importador, a un distribuidor o a unos grandes almacenes. En cada país se repiten tres temas: la libertad del precio de reventa, el etiquetado de los textiles y el valor de la firma electrónica. Este panorama se limita a las reglas que afectan a la venta al por mayor.

Japón: precio designado, etiqueta y firma

La ley antimonopolio (独占禁止法) sitúa el precio de reventa impuesto (再販売価格の拘束) entre las prácticas comerciales desleales. Fijar el precio al que el distribuidor revende y obligarle a respetarlo es ilegal en principio, salvo «motivo legítimo», y una reincidencia en un plazo de diez años expone a una sanción pecuniaria (課徴金).

Las directrices de la JFTC sobre la distribución, revisadas el 8 de julio de 2026, precisan en qué casos un fabricante puede fijar el precio que aplican sus distribuidores sin que se trate de un precio de reventa impuesto. Es el caso, sobre todo, cuando asume él mismo los riesgos comerciales (excedentes, mercancía dañada) y los costes de stock, transporte y venta: se le considera entonces como si vendiera directamente al cliente final.

La ropa se rige por la ley de etiquetado de la calidad de los artículos domésticos (家庭用品品質表示法) y su reglamento sobre productos textiles. La etiqueta japonesa debe indicar:

• la composición de todas las fibras con su porcentaje, con los términos oficiales;
• símbolos de cuidado conformes a la norma JIS L 0001, alineada con la ISO 3758;
• el nombre y la dirección o el teléfono de quien etiqueta.

Este «declarante» (表示者) puede ser el fabricante, el vendedor o un proveedor de etiquetado. Acuerde por contrato quién, la marca o el importador, coloca la etiqueta japonesa.

La ley sobre firmas electrónicas (電子署名法, artículo 3) presume auténtico un documento electrónico que lleva la firma electrónica de la propia persona. La ley define esta firma como un procedimiento que identifica a su autor y permite verificar cualquier modificación.

Corea del Sur: precio impuesto, distribuidores autorizados y marcado KC

La ley de regulación de los monopolios y del comercio leal (독점규제 및 공정거래에 관한 법률, artículo 46) prohíbe en principio el precio de reventa impuesto (재판매가격유지행위). Obligar a un revendedor a vender a un precio fijado, o a no bajar de él, solo se admite con un motivo legítimo, por ejemplo un beneficio para el consumidor gracias a una mayor competencia entre marcas. La KFTC dicta órdenes y multas de hasta el 4 % de la facturación afectada; en 2025 sancionó así a proveedores que prohibían a sus revendedores vender por debajo del precio que habían fijado.

Con distribuidores autorizados (대리점), la ley de equidad en las transacciones con distribuidores (대리점법) se aplica cuando un proveedor que no es una pyme trata, en posición de fuerza, con un distribuidor que sí lo es. Exige un contrato escrito entregado desde la celebración y conservado tres años después del fin de la relación. Prohíbe imponer compras, ventajas económicas u objetivos de venta, así como inmiscuirse en la gestión del distribuidor.

La ropa se rige por la ley de seguridad de los aparatos eléctricos y los productos de la vida cotidiana (전기용품 및 생활용품 안전관리법) y por la norma de seguridad de los textiles domésticos (가정용 섬유제품). Esta fija requisitos de seguridad y menciones obligatorias: composición o proporción de mezcla de las fibras, precauciones de cuidado, nombre del fabricante o del importador, país de fabricación. Los textiles infantiles se rigen por el régimen de productos para niños (어린이제품), con verificación de conformidad por el proveedor y marcado KC.

Desde su reforma de diciembre de 2020, la ley de firma electrónica (전자서명법) prohíbe negar efectos a una firma por el solo hecho de ser electrónica. Le otorga el valor de una firma o de un sello cuando las partes así lo han acordado.

China: zona de seguridad, normas GB y datos de los compradores

La ley antimonopolio (反垄断法), modificada con efecto a 1 de agosto de 2022, prohíbe los acuerdos que fijan el precio de reventa o imponen un precio de reventa mínimo, salvo que el proveedor demuestre que no restringen la competencia. Las multas van del 1 % al 10 % de la facturación del año anterior (hasta 5 millones de yuanes si no hay facturación). Pueden multiplicarse por dos a cinco en los casos especialmente graves.

Desde el 1 de febrero de 2026, las normas de la SAMR sobre acuerdos monopolísticos precisan la «zona de seguridad». Un acuerdo sobre el precio de reventa no está prohibido en principio si tanto la marca como su revendedor tienen cada año menos del 5 % del mercado de referencia y si los productos afectados generan menos de 100 millones de yuanes de facturación anual, con pruebas que lo acrediten. Para las demás restricciones verticales, el umbral es del 15 % de cuota de mercado.

Todo textil vendido en China debe cumplir la norma obligatoria GB 18401, que clasifica los productos en tres categorías de seguridad: A para bebés, B en contacto con la piel y C sin contacto con la piel. Las instrucciones de uso siguen la norma GB 5296.4: talla, composición y porcentaje de las fibras, cuidado, número de la norma del producto, categoría de seguridad y la mención «婴幼儿产品» en los artículos para bebés.

La ley de firma electrónica (电子签名法, artículos 13 y 14) otorga a una firma electrónica «fiable» el mismo valor que una firma manuscrita o un sello. Dos condiciones: datos de creación propios del firmante y bajo su exclusivo control, y que cualquier modificación posterior de la firma o del documento sea siempre detectable.

Los nombres, correos y teléfonos de sus compradores son información personal en el sentido de la ley de protección de la información personal (个人信息保护法). Para transferirlos fuera de China, las normas de marzo de 2024 sobre flujos de datos transfronterizos prevén tres niveles, contados desde el 1 de enero del año:

Siete frentes, del más urgente al más lejano

Lo más urgente es lo que sus clientes ya reclaman: las condiciones de venta, el expediente GPSR y las etiquetas. Después vienen los excedentes, la RAP y la trazabilidad, y por último la prueba documental de cada pedido.

1. Revisar sus condiciones de venta: precios recomendados y no impuestos, plazos de pago, ley aplicable y, para Estados Unidos, posible exclusión de la Convención de Viena.
2. Preparar para cada producto el expediente GPSR que le pedirán sus clientes europeos.
3. Revisar las etiquetas país por país: idiomas, menciones exigidas por la FTC, normas japonesas, coreanas y chinas, cuidado, origen.
4. Dar salida a los excedentes (liquidación, outlets, donaciones) en lugar de destruirlos, y dejar constancia de ello.
5. Identificar los países donde será «productor» a efectos de los sistemas de RAP textil, y presupuestar las contribuciones.
6. Documentar la trazabilidad del algodón y de los materiales, sobre todo para los envíos a Estados Unidos.
7. Hacer firmar las notas de pedido con un expediente de prueba, conservar los certificados de reventa y fechar todo tipo arancelario comunicado. Si sus pedidos todavía pasan por papel o Excel, la comparativa entre papel, Excel o plataforma B2B le ayuda a elegir la herramienta que conserva esa prueba.

Antes de cambiar una práctica a raíz de un texto citado aquí, compruebe que está adoptado y en vigor en el país en cuestión. Las propuestas mencionadas más arriba (tope de 30 días, supresión del P2B) no cambian nada mientras no se aprueben.